En la constante batalla por el derecho a
decidir libremente sobre nuestros cuerpos, desde 1990 las mujeres
marcamos en nuestro calendario el 28 de septiembre como día
internacional por la despenalización del aborto. Hoy, después de
veintidós años de lucha por el derecho a decidir, nos encontramos con
que la derecha política de este país quiere arrebatarnos los derechos
conquistados en materia de regulación sanitaria del aborto, volviendo a
una ley de 1985 que no hace sino retroceder los pasos que tanto costó
avanzar.
En esta ocasión, los cambios que se
plantean introducir ahondan en la cuestión fundamental de este derecho,
que es cómo ejercerlo. La propuesta lanzada por el Gobierno se centra
en la eliminación de los plazos introducidos en la Ley de 2010 que,
pese a no sacar el aborto del Código Penal ni garantizar equidad
territorial, entre otros, establecía una serie de plazos en los que
poder interrumpir voluntariamente el embarazo.
Volver a una ley sobre la I.V.E. basada
en supuestos y no en derechos, establece de facto la primacía de unos
criterios médicos frente a la voluntad de la mujer para poder decidir
libremente.
Estos criterios sobre los que la Ley se
basaría tienen su origen en los más rancios valores patriarcales, que
además de abocar a miles de mujeres a la práctica del aborto en clínicas
privadas, y en muchísimas ocasiones clandestinas, van unidos a una
reforma en la sanidad pública que deja sin acceso a ella a las personas
inmigrantes sin papeles, constituyendo un problema no sólo de género,
sino también de clase.
