Poco después de las muertes de Samba Martine en el CIE de Aluche (diciembre de 2011) y de Idrissa Diallo en el CIE de Zona Franca (enero de 2012), el Gobierno anunció la inminente aprobación de un Reglamento para regular el funcionamiento y régimen interno de los Centros de Internamiento. En aquel momento, estas dos muertes, más la sucesión ininterrumpida de informes que documentaban la vulneración de derechos fundamentales en el interior de estos centros de la vergüenza, provocaron que el Gobierno llamase a las organizaciones sociales a una consulta sobre dicho proyecto de Reglamento.
Sin embargo, los fallecimientos se solapan y no son sino la punta del iceberg de la vulneración de derechos que suponen las políticas migratorias y el entramado que las sustenta: redadas, internamientos y expulsiones. Con la muerte de Alik, el pasado año y, ahora, con las 15 muertes en Ceuta (aún sin esclarecer) reaparece un nuevo intento de legitimar la barbarie mediante trasformaciones legales. En este sentido, las declaraciones del Ministro de Interior en el transcurso de la rueda de prensa de hoy no hacen sino evidenciar una concepción de la migración en términos criminalizadores, bélicos e inhumanos.
El Reglamento presentado por el Gobierno mantiene el monopolio del Ministerio del Interior sobre el control de los CIE, consolida el modelo de gestión policial y concentra la autoridad en el Director, también funcionario policial. Los derechos de las personas internas son supeditados a los criterios policiales de seguridad y control, una práctica policial consolidada durante casi tres décadas de existencia, caracterizada por la opacidad, arbitrariedad, el abuso y la impunidad, y que ha tenido consecuencias fatales para los derechos y la integridad de las personas internas y su entorno social.
Además, el Reglamento abre las puertas a privatizar y subcontratar toda la asistencia social. Conforme a la experiencia acumulada, las organizaciones independientes podemos afirmar que las subcontratas no han prevenido las muertes ni el sufrimiento humano que supone la exclusión, persecución, reclusión y deportación de seres humanos. Ninguna organización social que de verdad defienda los Derechos Humanos entrará a negociar la gestión de estos campos en los que se producen violaciones de derechos diarias.
Por estas razones, las diferentes organizaciones y colectivos sociales de la Campaña Estatal por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, consideramos que este intento de legitimación y consolidación del modelo policial en forma de reglamento en ningún caso va a suponer el cambio de naturaleza de estos centros. Por ello mostramos nuestro más absoluto rechazo al Real Decreto mediante el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) , puesto que resulta intolerable la implantación del racismo institucional y la exclusión de seres humanos en campos de internamiento.
Las organizaciones sociales firmantes creemos firmemente que no se puede regular aquello que no debería existir. De igual forma, entendemos que nuestra labor en estos lugares, que con su mera existencia suponen una vulneran los Derechos Humanos, no consiste ni en prestar asistencia, ni gestionarlos, sino en la denuncia activa de las injusticias que se acometen con el objetivo último de lograr su cierre.
Contra el #ReglamentoVergüenza.
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