MANIFIESTO QUE SE HA DADO LECTURA EN CUENCA POR EL DERECHO A DECIDIR, ABORTO LIBRE, SEGURO Y GRATUITO.

En 1990, durante un encuentro de decididas y valientes feministas latinoamericanas celebrado en Buenos Aires, el 28 de Septiembre se convirtió en el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto.

Pero nofue aquella fecha el inicio ni la conclusión de una lucha que continúa, en ocasiones tomando picos de relevancia tal y como ha acontecido en España este último año. Una lucha sin fronteras, que pretende lograr que el aborto sea reconocido como un derecho de todas y cada una de las mujeres independientemente de su condición social o económica, que éstesea regulado como tal para frenar la mortalidad materna, los riesgos para la salud de las mujeres asociados a los abortos clandestinos y evitar los procesamientos penales y civiles de mujeres y profesionales sanitarios por esta causa.

Sin duda,la realidad negada del aborto como derecho abarca reflexiones profundas, como el modo en el que las leyes conciben y regulan el cuerpo femenino, o si la sociedad patriarcal en la que vivimos realmente nos permite a las mujeres el concepto de ciudadanía plenamente dicha, entre otras.

La realidad es que la mujer no puede ser sujeto de pleno derecho sin la despenalización del aborto. Que la ley se lo asegure libre, gratuito y asistido ofrece a la mujer la consagración del principio de autodeterminación y consagrará sus derechos a la vida, a la salud y a la dignidad entre otros, asegurándoselos también a aquellas que dispongan de menos recursos.

Sin la despenalización del aborto, la mujer se enfrenta a él como algo vergonzoso que la estigmatiza, la daña, la victimiza. El aborto no es vergonzoso. Al penalizarlo sirve al hombre, sólo a él. Sirve al mantenimiento de una sociedad patriarcal. Hay que dejar de ver el aborto como un problema social, como una desgracia. Despenalizarlo lo transforma en opción y no en un drama para la mujer, a la que se le impone desde el exterior lavisión del aborto como una derrota. Despenalizarlo, acaba con la mujer con ámbito de acción limitado e irresponsable y la empodera.

Reafirmar el derecho al aborto libre significa que ninguna mujer  puede ser forzada a  una maternidad no deseada, y tampoco cuestionar la decisión de interrumpir su embarazo. El derecho a decidir supone el reconocimiento de las mujeres como personas morales sexuadas, autónomas, responsables, libres y sujetas de derecho al igual que el resto de la población.

Los que han abogado por la prohibición del aborto en este país han basado su discurso en una supuesta defensa de la vida. Sin embargo son los mismos que han apoyado y han impulsado a quienes del mismo modo han recortado en sanidad, en servicios básicos de salud y dependencia, avalado recortes en el acceso a las escuelas infantiles, así como negado la ampliación del permiso de paternidad y el acceso a la reproducción asistida a todas las mujeres.

Quienes se etiquetan irónicamente como “pro-VIDA”, niegan a la mujer en muchos casos ese derecho al condenarla a situaciones clandestinas que pueden suponerle la muerte o un daño irreparable en su salud, aluden en su discurso a valores en lugar de sujetos, a éticas en lugar de saberes e intentan imponer en la sociedad dogmas católicos que fomentan el patriarcado y atentan contra la igualdad. Pero si defienden la vida, ¿Qué hay de la de las mujeres y niñas muertas y dañadas por no tener acceso a un aborto libre, seguro y gratuito?

Con todo esto, a pesar de que el gobierno ha paralizado la inquisitoria y retrógrada de la ley del aborto que pretendía aprobar, no es momento para bajar los brazos. Si podemos decir que la voluntad popular ha metido el miedo en el cuerpo a nuestro actual gobierno, sabedor de que no tenía el respaldo de la mayoría social y de las consecuencias que ello le podría conllevar, es más evidente que debemos seguir haciendo fuerza por conseguir avances en materia del aborto.

El PP aún está a la espera del recurso que presentó contra la vigente ley del aborto ante el Tribunal Constitucional, por lo que ante esa decisión judicial podría volver a intentar la reforma modificando la ley actual, además ya ha anticipado que pretende privar a las menores de 16 y 17 años de poder decidir sobre su maternidad con total autonomía, libertad y seguridad.

Cohibir los derechos de las jóvenes de estas edades, al igual que cuando se hace con las mayores de edad, no lleva más que de nuevo a la clandestinidad o al turismo abortivo de las que se lo puedan permitir, con los riesgospara  sus vidas e injusticias que ello conlleva. No tiene sentido que aquellas que no deseen ser madres se vean obligadas a serlo por la imposición de sus padres y mucho menos de un juez, tal y como pretende el gobierno. Además, los datos informan sobre la inexistente necesidad de dicha reforma, ya que la gran mayoría de ellas acude a practicarse el aborto con al menos uno de sus progenitores. La convicción religiosa o moral de los padres no puede ser impuesta a las jóvenes y menos en un tema como es su maternidad.

También debemos seguir manifestándonos y apoyando la acción popular debido a que el aborto está y siempre ha estado tipificado como delito en el Código Penal, castigando a las mujeres y a los profesionales sanitarios que las atienden. Tras el franquismo, la primera regulación se aprobó en 1985 y sólo permitía abortar en tres supuestos y con plazos restrictivos. La siguiente ley, hoy en vigor, es de 2010 y reconoce el aborto libre en las primeras 14 semanas. Después de este período, también fija supuestos para abortar dentro de la legalidad: en caso de grave riesgo para la salud de la embarazada o graves anomalías en el feto (22 semanas) y, en cualquier momento, si son anomalías fetales incompatibles con la vida. Fuera de estos plazos y supuestos; se prevén condenas penales y civiles.

Por otro lado, la sociedad española seha acostumbrado a que los abortos cuesten dinero, a que las mujeres tengan que pagar por ellos en clínicas privadas. En años anteriores, el Estado sólo financió el 28% de las interrupciones voluntarias del embarazo, según datos facilitados por las comunidades autónomas. Sólo el 2% de las intervenciones se llevó a cabo directamente en hospitales públicos y el 26% en centros privados concertados. El resto, el 72%, fueron sufragadas por las pacientes. Son cifras impensables en el resto de Europa; Holanda, Italia, Bélgica y Portugal financian el 100% de sus abortos. Reino Unido paga el 91% y Francia y Suiza, más del 70%. Mientras que en este país, el aborto ha quedado fuera de la normalidad sanitaria, reducido al gueto.

La culpa de la privatización del aborto en España suele atribuirse a la supuesta objeción de conciencia generalizada de los médicos. Pero la realidad es que el Estado debe garantizar la prestación creando si es necesario unidades específicas, y hacer su acceso más sencillo, acortando los trámites burocráticos. Ejemplo de esto puede ser el elevado número de sanitarios objetores en Italia y la total garantía que aun así ofrece el Estado a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

Por todo lo anteriormente relatado, l@s aquí reunid@s junto con much@sotr@S en distintos lugares del país y del mundo; AFIRMAMOS EL DERECHO A DECIDIR DE LA MUJER SOBRE SU CUERPO Y SU VIDA Y EXIGIMOS:

-  Que el aborto esté fuera del código penal. Que se regule como un derecho de todas las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado, ya que lo contrario supone atentar contra sus derechos, su autonomía, libertad, salud, vida y dignidad.

- Fomentar y garantizar una educación afectivo-sexual libre de estereotipos sexistas y homófobos. Que incida en formarjóvenes de ambos sexos responsables y autónomos, conocedores de su sexualidad y de las implicaciones que conlleva. Nada que ver con la nueva ley educativa impulsada por el ministro Wert, que fomenta la religión dentro de la escuela excluyendo de las aulas la educación sexual, mientras financia centros privados que segregan al alumnado por sexos.

-  Que se respete la autonomía de las jóvenes y no se obligue a las mujeres de 16 y 17 años a precisar del permiso de su madre(s) y/ de su padre(s) (y mucho menos de un juez) para decidir sobre su maternidad.

-  Que el aborto se garantice como prestación gratuita en la red de salud pública. Salvando siempre el derecho a la salud.

- Que por tanto se regule la objeción de conciencia de las y los profesionales sanitarios.Asumiendo en cuanto a ello que el Estado tiene la obligación de proteger el derecho de la mujer a la salud física y psíquica. El Estado no asumiría ninguna opción moral.

- Que la interrupción del embarazo forme parte del currículum médico en la formación de nuevas y nuevos  profesionales que formen equipos destinados a atender la libre decisión de las mujeres sobre su maternidad.

-  La consideración de las mujeres como sujetos de pleno derecho, no necesitamos ser tuteladas por nadie y consideramos una intromisión intolerable cualquier intento de imponernos un proyecto de vida ajeno y no elegido. Por eso decimos NO a las leyes que legitiman el control sobre los cuerpos de las mujeres, y exigimosque se reconozca EL DERECHO AL ABORTO.

Para finalizar, nos gustaría citar una reflexión de la filósofa y socióloga del derecho Tamar Pitch: "No existe, no puede existir, tutela de uno en contra de la voluntad y los deseos de la otra. Se viene al mundo gracias a una mujer, a su decisión de ponernos en el mundo, a su cuidado, a su deseo. Se llega a ser "persona" a través de la mediación femenina: mediación necesaria, indispensable. Sólo a la madre se le puede confiar la tutela del embrión. Es así, y, de hecho, siempre ha sido así. El desconocimiento de esta realidad, las prohibiciones, la regulación externa, no sólo no tutelan el embrión, no sólo desconocen la unicidad de esa experiencia, sino que niegan desde la raíz la plenitud moral del sujeto femenino negando a la capacidad generativa estatuto ético y moral" – Pitch (2003).