“Algunos estamos amenazados de muerte, por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes, a la Patria, al Pueblo, a los Trabajadores y a la causa del Socialismo”. Jaime Pardo Leal
Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional las nuevas amenazas que a nombre de los grupos paramilitares han recibido miembros de los movimientos sociales, políticos y populares, así como los candidatos y candidatas que en representación de la UP participarán en la próxima campaña electoral.
Las recientes amenazas, en contra de Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica, y Andrés Gil, vocero del movimiento social y político Marcha Patriótica, son muestra clara de una democracia fallida, con estructuras asesinas dentro y fuera de las instituciones, ligadas y entrelazadas con un paramilitarismo que sigue vivo, para violentar la participación política de las clases populares. Las amenazas se acrecientan, la desigualdad se profundiza, y continúa la estigmatización y la exclusión en algunos medios de comunicación.
Defender y proteger la participación del movimiento popular es asunto de todo el pueblo, de todas las organizaciones político-sociales y sus dirigentes, que hoy ven su derecho a participar hacia la construcción de una paz democrática con justicia social, amenazado por el crimen y el miedo.
CONDENAMOS TERRORISMO DE ESTADO COMO MODELO DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA COLOMBIANA
Exigimos:
1. Al Gobierno Nacional actuar con contundencia ante las organizaciones criminales, destapar sus integrantes y sus verdaderos autores, sacar a la luz a quienes no solo propagan la continuidad de la guerra, sino que, con sus acciones, participan en la orientación de los crímenes, la violación de los derechos humanos y se lucran de ellos.
2. Llamamos al pueblo, sus organizaciones y la comunidad internacional, a pronunciarse ante el Presidente de la República y el Ministro del Interior por garantías, que respondan a la situación y el derecho a la participación. Nuestro llamado a la solidaridad lo acompañamos de nuestro respaldo a todas las víctimas y sus familias. A todas y todos, trabajadores (as), campesinos (as), soldados (as), guerrilleros (as), los Indígenas, los jóvenes; los convocamos a trabajar por una salida política al conflicto social y armado, por un nuevo país donde sean escuchadas las ideas y propuestas, y podamos sin más víctimas, sin amenazas, sin violaciones a los derechos humanos, escoger y determinar nuestro rumbo.
Solicitamos a la comunidad internacional:
1. Se continúe con el seguimiento y el monitoreo frente a la grave situación de derechos humanos y agresión e intimidación permanente a los luchadores sociales en Colombia.
2. Realizar seguimiento sobre las investigaciones que se adelanten frente a los hechos de la presente denuncia.
3. A los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos En el marco del cumplimiento de su mandato, prestar toda su gestión para que las actuaciones del Estado Colombiano se apeguen a las normas internas y externas que se ha comprometido a respetar y que se inicien las investigaciones a que haya lugar por el desconocimiento de las mismas.
4. A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos emitir pronunciamientos sobre esta denuncia.
Madrid, a 7 de mayo del 2015
