NUEVA AGRESIÓN A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES POR PARTE DE BARREDA

UJCE DENUNCIA LAS POLÍTICAS MACHISTAS, CON EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO, POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL

No hace ni cuatro meses de la supresión del Instituto de la Mujer en Castilla-La Mancha, José María Barreda vuelve a atentar contra los derechos de las mujeres, uno de los colectivos más vulnerables en esta época de crisis, a pesar de sustentar sobre sus personas los cuidados de la clase trabajadora.

A pesar que el Gobierno regional prometió públicamente en prensa el cumplir con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se aprobó el pasado 5 de julio a propuesta de su partido, nuevamente incumple sus promesas. La consideración del Gobierno regional de incluir a los médicos de familia, que son los primeros que tienen que informar y derivar al especialista, dentro de los casos contenidos en la objeción de conciencia supone incumplir la ley, poner obstáculos a los derechos de las mujeres y desarrollar la norma de forma restrictiva. En Castilla-La Mancha se está regulando la objeción de conciencia a imagen y semejanza de la Comunidad de Madrid presidida por Esperanza Aguirre, apostando, en ambos casos, por una reglamentación de la objeción de conciencia médica que impone limitaciones al cumplimiento de la Ley y al ejercicio de los derechos reconocidos a las mujeres.

El presidente José María Barreda va trabajando rápidamente su paso a la derecha más rancia, la premura con que el Gobierno regional pretende regular la objeción de conciencia médica primando los intereses individuales y corporativos médicos sobre el derecho de las mujeres reconocidas en la Ley.

Ante estas medidas que atienden a criterios claramente impuestos por la derecha eclesiástica a la que está al servicio el Gobierno de Barreda, la UJCE insiste que estas medidas lesionan aún más los derechos de autonomía de las mujeres. Las Jóvenes Comunistas ya criticamos que esta ley fue aprobada, por el PSOE, manteniendo el aborto en el código penal, y sin asegurar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en la red de la sanidad pública, sin garantizar la equidad territorial, y sin regular el derecho a la objeción de conciencia, mermando posibilidades de prestación en los centros sanitarios públicos, convirtiéndose así en la enésima falta a su programa y traición al movimiento feminista.

Desde la UJCE exigimos al Gobierno de Barreda que deje de ceder a la presión de la iglesia y la derecha, se ciña a las razones iniciales de la reforma de la Ley, y exigimos el derecho de las mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de seguridad, calidad, intimidad e igualdad, a través de la sanidad pública. El desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos requiere tener voluntad política y dedicar muchos más recursos públicos a la información, formación y atención afectiva y sexual en los ámbitos de la enseñanza, la sanidad y los servicios sociales, que garanticen estos derechos.