Una decena de manifestantes han estado esta mañana en el acto de inauguración de la rotonda donde se va a ubicar un helicóptero donado por la Base de Almagro para protestar por el gasto de 78.000 euros públicos en su construcción. La protesta se ha desarrollado en un lateral, a unos 100 metros de donde era la inauguración oficial, con el desfile militar e izada de bandera.
Previamente a la concentración al camarada y periodista de UJCE Ciudad Real (Javier Heredia), dos policías locales lo separan del grupo de manifestantes y proceden al registro de la mochila,la cual contenía un portátil y un cargador de móvil. Una vez más vemos como se intenta criminalizar la protesta y el derecho a manifestación recogido en la Constitución Española.
La protesta transcurrió con normalidad, viendo como poco a poco aumentaba la presión por parte del cordón policial que obliga a los manifestantes a retroceder cada vez más, con el único objetivo de silenciar la protesta. Durante la concentración los allí presentes denunciaban la falta de transparencia a la hora de realizar el acto y su inoportuna realización, ya que nos encontramos en mitad de una crisis capitalista donde el 57% de los jóvenes están en paro, donde hay un desahucio cada cuarto de hora y donde los comedores sociales están desbordados, añadiendo a esto la corrupción y las puertas giratorias que existen entre la administración publica y determinadas empresas de la ciudad, que patrocinan actos de este calado con fines muy poco transparentes.
Al finalizar la protesta la policía nacional se dirige a los manifestantes pidiéndoles que se identifiquen,el compañero Raúl es abordado por un agente que le coge del brazo y le quita el DNI llegando a rompérselo. Mientras tanto el camarada de la UJCE que es testigo de todo ello se dirige con su cámara a grabar la situación, cuando el agente le propina un manotazo en el brazo llegando a tirarle la cámara al suelo. Al recogerla el agente agresor persigue al cámara indicándole que no pueden ser grabados, es entonces cuando el cámara, se ampara en el artículo 8 de la Ley Orgánica 1/82 del 5 de Mayo en la que dice que se puede grabar a los funcionarios públicos en lugares públicos.
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