Hace unos meses veíamos como la voluntad y los derechos de las mujeres se veían atacados ferozmente por la reforma de la ley del aborto. Ahora vemos otros dos nuevos ataques. Por un lado, la exclusión de lesbianas y mujeres solteras de los tratamientos de inseminación artificial de la sanidad pública y, por otro lado, la fórmula que el gobierno quiere implantar para contabilizar el número de mujeres víctimas de la violencia machista.
Todas estas medidas no son más que un reflejo de los intereses del gobierno y la sumisión a las demandas de los sectores más conservadores de la derecha que, junto con la iglesia católica, no solo pretenden llevarnos a tiempos del nacionalcatolicismo, sino que pretenden volver a establecer el modelo de familiar patriarcal tradicional.
La exclusión de lesbianas y mujeres solteras de los tratamientos de inseminación artificial de la sanidad pública es un ataque a la libre decisión de las mujeres a la maternidad y una discriminación sexual al colectivo LGTBI, ya que les estarían obligando, de facto, a mantener relaciones heterosexuales para conseguir quedarse embarazadas. Recientemente vimos el caso de una joven asturiana que ha ganado la batalla en los tribunales al considerar que la Constitución ampara el principio de igualdad y, el negarle el derecho a la reproducción asistida estaría violando tal principio de igualdad. Esta nueva medida no responde a criterios económicos como algunos quieren justificar, sino que es un ataque más a las distintas formas de familia que discrepan de los más rancios ideales católicos.
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