Como viene siendo habitual iniciamos el presente informe político analizando los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) relativos a Castilla – La Mancha. El número de trabajadoras y trabajadores en situación de desempleo asciende a un total de 285.400, que se traduce en una tasa del 59,05% de la población activa. Esto supone un descenso del desempleo en un total de 2800 personas, lo cual ha provocado que el Gobierno de la región vocifere un falso discurso basado en los clásicos “brotes verdes” y el comienzo de la recuperación y creación de empleo. Cabe señalar que la población activa en la región ha bajado en 20.000 trabajadoras y trabajadores, hecho que desmonta por completo el discurso triunfalista de Cospedal. Este descenso se debe a factores como la emigración, la baja de demandantes de empleo ante las escasas expectativas de encontrar trabajo y la dedicación de la mujer a las tareas reproductivas y de cuidados, sobre todo en un momento donde los efectos de los recortes en materia de personas dependientes se hacen más patentes que nunca, de hecho la tasa de actividad en mujeres sigue siendo bastante más baja que la de los hombres, 50,8% frente a un 67,2%. El desempleo sigue cebándose con las mujeres lo que hace un porcentaje de 32,3% frente al 25,6% en hombres.
El desempleo juvenil sigue alcanzando cifras escalofriantes: 80,7% en menores de 19 años, 54,2% hasta 24 años (en esta franja de edad aumenta el paro en mujeres respecto al trimestre anterior) y 25,7% a partir de 25.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla – La Mancha ha paralizado a instancias de CCOO la ejecución del plan de recursos humanos que pretendía reubicar a 76 conductores. Este hecho supone ganar tiempo y mantener los puestos de trabajo hasta que tenga lugar el juicio oral. No hubiese sido posible llegar a este punto de no ser por las movilizaciones llevadas a cabo durante los anteriores meses en los que ha venido desarrollando este conflicto laboral.
El Tribunal Supremo ha declarado firme la sentencia del TSJ de Castilla – La Mancha que obliga a admitir a 400 interinos e interinas despedidos desde 2012. Esta sentencia declara además ilegal la decisión de suprimir 700 puestos de empleo público. En este sentido la Junta ha gastado 57,7 millones de euros desde octubre en sentencias judiciales perdidas y que no están siendo acatadas, donde además del pago salarial íntegro de las citadas readmisiones, destaca la obligación de abonar las pagas extras suprimidas desde 2012. Esto supone un total de 36000 euros al día, que si bien las pagas extras ya están recogidas en los presupuestos de 2015 no lo están las readmisiones, lo que supondrá una merma en el resto partidas destinadas a servicios públicos. Leer más
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