En efecto, la tasa de paro (EPA) sigue situada en el 24% de población con más de cinco millones y medio de personas en situación de desempleo, la cobertura de prestaciones a la personas sin empleo no llega al 58%. Cerca de tres millones de personas carecen de ingresos, situación que afecta a más de medio millón de hogares. Los empleos que se crean son precarios y con salarios de miseria por lo que hoy se es pobre incluso teniendo empleo. En este sentido la diferencia salarial entre hombres y mujeres es del 24%. El paro juvenil sigue superando el 55% y cada día son más los jóvenes que, como sus abuelos, tienen que emigrar para poder tener el futuro que este país les niega. Las pensiones pierden poder adquisitivo año tras año y su revalorización es una vergüenza.
En esta situación económica es alarmante el aumento de la pobreza que se sitúa en el 30 % de la población, una de cada cinco personas está en riesgo de pobreza severa y de exclusión social, esta pobreza tiene mayoritariamente rostro infantil y de mujer. El aumento de la precariedad social, fruto de estas políticas de recortes, de la precariedad laboral y salarial, de eliminación de derechos y coberturas sociales, aumenta el número de personas afectadas por los desahucios y por lo que se ha dado en llamar pobreza energética (cortes de los servicios de luz, agua y gas). Este invierno han muerto personas a consecuencia de la precaria situación de los hogares.
La corrupción y las irregularidades fiscales roban a las arcas del estado español un 5% del PIB, y junto a ello, la política fiscal beneficia a los que más tienen, recayendo la carga sobre la clase trabajadora y la mayoría social. Hoy en el estado español aumentan los millonarios y también los pobres, agrandándose la brecha social.
Todo ello tiene sus efectos por la reforma del artículo 135 de la C.E., mediante el cual se hipoteca toda soberanía popular a los dictados de la UE y el BCE priorizando el pago de la deuda a los especuladores al bienestar y los derechos de la mayoría social. Es patente la descomposición del régimen del 78 y de una constitución que no reconoce los derechos de los pueblos y naciones del estado y que ya es papel mojado en sus referencias a derechos y libertades.
Ante ello y como respuesta a la movilización social contra estas criminales políticas, el gobierno aumenta la represión contra el pueblo, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal, que tiene por objeto la merma de derechos y libertades para silenciar a un pueblo que sufre y al que están empobreciendo como medio para la dominación y la explotación.
Las Marchas de la Dignidad vuelven a pedir a la mayoría social y a la clase trabajadora que se movilice, que demuestre en la calle que QUEREMOS VIVIR CON DIGNIDAD, que identifiquemos a los culpables de esta grave e injusta situación social y defendamos el programa de las marchas de la dignidad.
Un programa de mínimos con un gran consenso social y político en tormo al:
- No al pago de la deuda, ilegal, ilegitima y odiosa
- La defensa de los servicios públicos para todos y todas
- Trabajo digno con derechos y salario suficiente, reducción de la jornada de trabajo y renta básica
- Por el derecho a decidir de las personas, los pueblos y las naciones del estado en los aspectos que atañen a su vida y futuro
- La defensa de los derechos de la mujer y por un futuro para nuestra juventud
- Contra la precariedad laboral y social, No a las reformas laborales
- Contra la represión y contra la Ley Mordaza
- No a los tratados entre gobiernos y transnacionales contra los derechos sociales. No al TTIP
- Por el derecho a una vivienda digna y no al corte de los servicios esenciales de luz, agua y gas
- No a la OTAN, No a las guerras
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